Folha de S. Paulo


La policía apuesta por la asfixia financiera de los contrabandistas

Desarticular las cuadrillas especializas en lavado de dinero y en envío de remesas para el exterior es una de las apuestas para combatir el contrabando en Brasil.

Sin embargo, la estrategia se topa con investigaciones que exigen mucho tiempo, personal y recursos y, a menudo, con penas que son reformadas por tribunales superiores, según afirman las autoridades.

Además de esto, tan pronto como un jefe de cuadrilla es preso, un pariente o testaferro asume sus negocios, según afirman abogados consultados bajo la condición de anonimato.

En Foz de Iguazú (Paraná), principal puerta de entrada del contrabando proveniente de Paraguay, la Policía Federal detuvo este mes cuatro sospechosos de dirigir una red que mantenía 87 empresas fantasmas y de tapadera usadas por los contrabandistas y traficantes brasileños para pagar a los proveedores sin dejar rastro.

Según el delegado responsable por la investigación, Jackson Roberto Cerqueira Filho, del Grupo de Represión a Crímenes Financieros de la Policía Federal de Foz de Iguazú, esta red movió cerca de 600 millones de reales (US$ 184 millones) en cuatro años.

Parte del monto, cruzaba la frontera físicamente, a manos de integrantes de la cuadrilla y, la mayor parte, viajaba en una operación conocida como "dólar cabo", sistema a través del cual se pueden intercambiar divisas con un cambio más ventajoso que en el mercado oficial y permite, al mismo tiempo, lavar dinero negro no declarado.

Según la investigación, las 87 empresas, a nombre de testaferros, estaban en Foz, en otras ciudades del estado de Paraná, e incluso en Ribeirão Preto (São Paulo).

Los compradores de São Paulo, Minas Gerais, Bahía e Goiás transferían a las cuentas de estas empresas los valores de pago que debían hacer llegar al país vecino.

Cambistas individuales y casas de cambio con sede en ambos países completaban el plan utilizando cuentas en Paraguay para efectuar los pagos a los proveedores del país.

PERFIL DEL GRUPO

Para la policía, el perfil de los supuestos jefes de la cuadrilla no levantaba sospechas.

Según investigaciones de Folha, uno de ellos, Jaimir Rezner, es gerente de un hotel y profesor de administración en la Unifoz, una universidad local. Otro, Valdiney Vieira, es dueño de una tienda de bebidas.

Ellos, junto con Claudiomiro de Macedo Gomes y Eleandro Pontedura de Barros, son sospechosos de lavado de dinero, evasión de divisas y constitución de una organización criminal. Los cuatro están en prisión preventiva.

Carlo Flores, abogado de Jaimir Rezner, le dijo a Folha que el profesor universitario está colaborando con la investigación y que, desde 2013, no ha tenido relación con los demás sospechosos.

Jorge Luis Nunes y David Eliezer Hayashida Petit, que representan a Eleandro Pontedura de Barros y a Valdiney Freitas Vieira respectivamente, no quisieron pronunciarse. Folha no consiguió localizar al defensor de Caludiomiro Gomes.

Treinta y cuatro testaferros, que según la policía federal prestaron sus nombres para la apertura de las empresas fantasmas, cumplieron prisión temporal pero ya han sido puestos en libertad. Entre ellos había desde empresarios hasta empleados domésticos.

"La mercancía y la droga solo se entregan a las personas que están en Brasil porque el dinero llegó a los proveedores", dice el delegado Cerqueira Filho. "No es necesario atrapar al camionero, al dueño de la furgoneta que está llevando la mercancía, [en este caso] los cigarros. Vamos a impedir que el dinero llegue. Es una forma más inteligente de combatir el crimen".

Según el delegado ejecutivo de la Policía Federal en Foz, Rodrigo Costa, acciones como la operación Bemol que desarticuló esta red, dependen, por un lado, de la compenetración entre la policía y el Ministerio Público Federal y, por otro, de un poder judicial "sensibilizado" con el problema.

"Tenemos un proceso penal permeado de recursos, lo que posibilita la prorrogación, y una jurisprudencia dentro de los tribunales superiores que, para mantener a alguien preso es imperativo que haya cometido crímenes con violencia o grave amenaza. El lavado de dinero, generalmente, no implica violencia", afirmó Costa.


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