Frente a la posibilidad de que la crisis económica estimule el contrabando, más sectores de la industria se unieron al frente nacional que monitoriza la actuación de las cuadrillas de comercio ilegal para intentar reducir los perjuicios.
Estas empresas, ligadas al Fórum Nacional contra la Piratería y la Ilegalidad (FNCP), montaron su propia red de lucha contra el comercio ilegal a través de la inversión en centros privados de investigación.
Comparten información con la red de inteligencia de la policía y con fiscales de los órganos de Hacienda a nivel nacional y estatal. De esta forma, el sector industrial se reparte con las autoridades el combate al contrabando.
En 2013, este grupo estaba conformado por diez sectores industriales. El año pasado, ya eran 30. Se unieron a la ofensiva de combate al contrabando empresas siderúrgicas, de higiene y cosméticos, de artículos deportivos o de neumáticos que vieron que la recesión alarmante podría abrir una brecha de impulso al consumo de productos ilegales, mucho más baratos puesto que no pagan impuestos.
Márcio Costa de Menezes e Gonçalves, abogado y ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Combate a la Piratería, ligado al Ministerio de Justicia, resume este fenómeno: "lo que antes la industria consideraba un coste ahora pasó a ser visto como una inversión".
El análisis del FNCP y de sus asociados estima las pérdidas en 65.000 millones de reales (US$ 20.000 millones), consecuencia del comercio ilegal en 15 sectores. El impacto en la recaudación impositiva federal seria de 29.300 millones de reales (US$ 9000 millones) según esta estimativa.
Es como si Brasil perdiese anualmente el equivalente al PIB de Panamá.
| Editoria de Arte/Folhapress | ||
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PERJUICIOS
La venta ilegal de cigarros, provenientes principalmente de Paraguay, está entre las que más daños causan a la industria. Para contabilizar los perjuicios, la tabacalera Souza Cruz contrató al instituto de investigaciones Ibope y sacó a la calle a 10.000 entrevistadores para examinar qué es lo que los fumadores brasileños consumen.
El estudio concluyó que el comercio ilegal de cigarros domina el 30% del mercado y se concentra en Minas Gerais, São Paulo y los estados del sur del país.
En la industria farmacéutica la pérdida fue del 20% y en el sector textil del 13,6%.
El contrabando llegó hasta la mesa: el uso ilegal de herbicidas, pesticidas y fungicidas en plantaciones de alimentos avanza debido al alza de los precios y a la reciente plaga de una oruga de difícil control, según el Sindicato Nacional de la Industria de Productos para la Defensa Vegetal.
La entidad afirma que 10% del mercado fue acaparado por estos productos, que se comercializan sin control de calidad.
VIRAJE
Fabricantes de ordenadores y de juguetes consiguieron cambiar el escenario. El primero de estos sectores redujo la porción estimada de "mercado negro" de 70% para 15% de ventas de "aparatos sin autorización de venta del fabricante o montados en las tiendas con piezas provenientes de China a través de Paraguay", a través de una la disminución de precios, según datos de la consultora especializada IDC.
La reducción deriva de una campaña de lobby que llevó al gobierno a cortar la carga tributaria de la cadena productiva en 2005 y que incitó a los estados a conceder beneficios fiscales para fomentar la instalación de fábricas.
En el sector de juguetería, la contra ofensiva vino a través de inversión en una central de inteligencia que abasteciese a Hacienda en sus investigaciones, tal y como pasó con la Operación Muñeca (Operação Boneca).
Através de esta acción, la asociación detectó juguetes comprados en China que entraban al país con declaración de procedencia uruguaya para aprovechar las ventajas tributarias del socio de Mercosur.
También influyó la acción del Inmetro (Instituto Nacional de Meteorología, Calidad y Tecnología de Brasil) que pasó a exigir el cumplimiento de normas técnicas de calidad para todos los juguetes que se vendiesen en el país bajo concesión de un sello de certificación. La Abrinq (Asociación Brasileña de Fabricantes de Juguetes) estima que existe un 5,5% de juguetes ilegales en el mercado. En 2004, esta cifra ascendía al 70%.